El documento presentado por UGT resalta la importancia del registro horario como un mecanismo esencial para controlar las horas trabajadas en España, especialmente en lo referente a las horas extraordinarias. Aunque en teoría, el registro horario debería garantizar una correcta contabilización de las horas de trabajo para evitar abusos, UGT sostiene que su implementación en la práctica ha resultado ineficaz. A pesar de la normativa vigente, existe una falta de control efectivo, lo que ha generado una situación en la que un volumen considerable de horas extraordinarias trabajadas no es registradas ni remuneradas de manera adecuada. Este fallo en el sistema de control permite que las empresas continúen explotando la mano de obra con horas extras que no son debidamente compensadas. La reciente encuesta de población activa ha acreditado que en España se realizan a la semana 6 millones de horas extraordinarias de las cuales casi la mitad no se abonan lo que supone una cifra anual de 3.250 millones de euros en retribuciones hurtadas a las personas trabajadoras, en ausencia de contribución a la Seguridad Social y en merma a la hacienda Pública.

El documento subraya que, según los propios datos del Gobierno, solo el 60% de los convenios colectivos vigentes en España incluyen cláusulas que garantizan una remuneración adicional por las horas extraordinarias, dejando a un 40% de los convenios sin esta protección. Como resultado, el 45% de los trabajadores no reciben una retribución extra por el tiempo trabajado fuera de su jornada normal, en contradicción con las disposiciones de la Carta Social Europea. Esta situación es particularmente preocupante desde una perspectiva de género, ya que UGT subraya que las mujeres están más afectadas por la falta de compensación adecuada en comparación con los hombres, lo que agrava la brecha salarial entre sexos.

UGT destaca además que la falta de un sistema adecuado de control en el registro horario y la remuneración de las horas extraordinarias constituye una violación de los compromisos internacionales que España ha adquirido, en particular los establecidos por la Carta Social Europea. Este Tratado Internacional de obligado cumplimiento exige que los trabajadores reciban un incremento en la remuneración por cada hora extraordinaria trabajada, algo que no se garantiza en la legislación laboral española actual. UGT ha solicitado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que obligue al Gobierno español a modificar su legislación para cumplir con estas obligaciones internacionales, asegurando una protección mínima para todas las personas trabajadoras, independientemente de los convenios colectivos a los que estén sujetos.

En su contestación a las observaciones del Gobierno, UGT también expone las contradicciones del Ejecutivo español. Por un lado, el Gobierno reconoce las deficiencias del sistema y admite que una proporción considerable de trabajadores no recibe una compensación adecuada por las horas extraordinarias. Sin embargo, en lugar de tomar medidas inmediatas para corregir estas deficiencias, el Gobierno se ampara en la promesa de futuras reformas legislativas, que aún no se han materializado, lo que prolonga el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. UGT critica esta postura del Gobierno, ya que no aborda de forma efectiva la situación actual y se limita a prometer soluciones a largo plazo, mientras los trabajadores y trabajadoras continúan sufriendo las consecuencias.
Además, UGT argumenta que las medidas propuestas por el Gobierno, como la posible reforma del sistema de registro de horas en papel y su digitalización para garantizar un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo, aunque positivas, no serán suficientes por sí solas si no se acompañan de una mejora sustancial en la regulación de las horas extraordinarias y su remuneración. El sindicato considera que es inaceptable que el Gobierno confíe en reformas futuras y no actúe de manera inmediata para cumplir con los compromisos internacionales y garantizar los derechos laborales.

» Documento de réplica a las alegaciones del Gobierno

UGT reivindica la elaboración de una normativa específica que proteja la salud mental de las personas trabajadoras

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre, UGT ha actualizado el Informe: Salud Mental y Trabajo para conocer el estado de situación y exponer las propuestas del sindicato en esta materia.

Todos conocemos personas trabajadoras estresadas por los altos ritmos de trabajo, la conectividad permanente, la imposibilidad de desconectar o la sobrecarga de tareas y la alta intensidad de las mismas. Tampoco podemos olvidar a aquellas que sufren acoso y violencia laboral, lo que les provoca cuadros depresivos y de ansiedad, ni a aquellas que ya padecen una enfermedad mental y que afrontan el trabajo cada día con el estigma que ello supone. 

En los 9 primeros meses del año se han contabilizado en nuestro país más de 468.000 bajas laborales de personas trabajadoras derivadas de problemas de salud mental y UGT estima que en 2024 se van a superar las más de 600.000 bajas por este motivo que se registraron en 2023.
El 34% de la población en España padece algún problema de salud mental, algo que afecta en mayor medida a las mujeres. La ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño son los problemas más frecuentes. Otro dato demoledor es que cada día se suicidan 11 personas en nuestro país, según datos provisionales 3.952 personas se suicidaron en 2023. 

UGT recuerda que el trabajo influye notablemente en la mejor o peor salud mental, y es que unas deficientes condiciones de trabajo (temporalidad, inseguridad laboral o largas jornadas), la incorrecta organización del mismo o entornos laborales en donde hay presencia de violencia o acoso laboral son dañinos para la salud mental. 

Un 48% de las personas trabajadoras en España declaran estar expuestas a una gran presión de tiempo o sobrecarga de trabajo, estando por encima de la media europea (46%). Un 19% dicen estar expuestos a la violencia o los abusos verbales por parte de clientes, pacientes, alumnos, etc., frente al 16% de la media de la Unión Europea. Además, un 37% declara sufrir estrés, depresión o ansiedad causados por el trabajo, igualmente siendo el dato de España superior a la media de la UE (27%).

Transición digital, climática y demográfica

Se están gestionando riesgos laborales del siglo XXI con un sistema del siglo pasado, por lo que es importante avanzar y adaptarse a la nueva realidad del mundo del trabajo de forma urgente.

El mundo del trabajo está en constante transformación viéndose afectado por las transiciones digital, climática y demográfica que afectan a la salud mental.  Hay estudios que apuntan a un aumento del 2,2% de la mortalidad relacionada con la salud mental por cada grado centígrado de aumento de la temperatura, lo mismo sucede con la digitalización, la monitorización constante o la intensificación del trabajo derivada de las decisiones tomadas por máquinas que no se programan sobre los limites humanos o como los errores que se producen de funcionamiento acaban provocando serios problemas de salud física y mental de las trabajadoras y trabajadores.

Existen, por tanto, una serie de factores psicosociales y organizativos a los que se debe prestar atención y que deben prevenirse como la hiperconectividad, la carga de trabajo cuantitativa, la sobrecarga cualitativa, la demanda psicológica de naturaleza cognitiva, etc. Además, el sindicato insiste en que debe garantizarse el derecho a la desconexión digital. 

Frente a esta situación, UGT considera que los problemas de salud mental en el trabajo deben ser abordados de forma decidida para acabar con ellos y garantizar una protección adecuada de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. 

Evaluación de riesgos psicosociales y reconocimiento de enfermedades profesionales 

En primer lugar, se debe acabar con la deficiente evaluación de los riesgos psicosociales de origen laboral en las empresas, así como con la falta de reconocimiento del origen profesional de las patologías relacionadas con los riesgos psicosociales.

Si fueran reconocidas como contingencia profesional, deberían ser tratadas y gestionadas con los recursos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, por lo que dejaría de asumir el coste de su tratamiento y gestión el Sistema Público de Salud, del que debemos destacar el importante déficit de profesionales en psicología que presenta. El trasvase de estas patologías de origen profesional a la sanidad pública provoca una mayor sobrecarga del sistema y el aumento de las listas de espera.

Adaptar la Ley a las nuevas realidades 

Para atajar este problema, es necesario actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las nuevas realidades del trabajo y mejorar la gestión en las empresas de los riesgos psicosociales con el objetivo de garantizar la protección de la salud mental. 

Actualmente se encuentra abierta la Mesa de Diálogo Social sobre prevención de riesgos laborales dónde continúan las negociaciones al respecto y dónde ya se observan algunos avances. No obstante, el sindicato continúa reivindicando a nivel nacional la elaboración de una normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral, así como la actualización del listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías asociadas a estos riesgos laborales. A nivel europeo, es esencial una Directiva comunitaria que sirva de paraguas para todos los Estados miembro.

El sindicato hace un llamamiento a todos los agentes implicados para actuar juntos y conseguir acabar con esta pandemia silenciosa que padecen tantas personas trabajadoras en nuestro país.

>> Informe Salud Mental y Trabajo 2024

>> Aquí puedes ver la campaña de UGT por el Día Mundial de la Salud Mental